El jurista aumentado y la inteligencia artificial: miradas desde la práctica jurídica
En el marco del seminario internacional El jurista aumentado y la práctica del derecho, organizado por asociaciones de juristas de Francia, Colombia y Alemania, se desarrolló un espacio de reflexión académica y profesional sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho, la ética jurídica, la regulación y la gobernanza de estas tecnologías.
El evento reunió a expertos internacionales que abordaron la inteligencia artificial desde distintas perspectivas: la regulación comparada, el compliance y la ética, así como su uso práctico en la abogacía y en la administración de justicia. Estas miradas permitieron analizar los desafíos actuales que enfrenta la profesión jurídica frente a tecnologías que transforman la forma de investigar, decidir y ejercer el derecho.
En este contexto, la Dra. Ana María Mesa Elneser, Fundadora y Directora General de LawTIC Grupo Jurídico, centró su intervención en la experiencia colombiana y en el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del sector público y judicial. Su exposición destacó que, en Colombia, estas tecnologías han sido incorporadas como instrumentos de apoyo a la función judicial y administrativa, sin sustituir la valoración humana, la responsabilidad funcional ni el criterio jurídico del operador.
La Dra. Mesa subrayó que la inteligencia artificial no puede convertirse en una fuente autónoma de decisión ni en una “verdad automática”, sino que debe mantenerse bajo control humano, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales, valoración probatoria y decisiones que impactan directamente a las personas. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de trasladar la responsabilidad jurídica a sistemas algorítmicos y la necesidad de fortalecer la gobernanza, la ética y la responsabilidad demostrada en su uso.
Su intervención aportó una visión crítica y aterrizada sobre el papel del jurista frente a la inteligencia artificial, reafirmando que el verdadero desafío no es tecnológico, sino jurídico e institucional: integrar estas herramientas sin desdibujar los principios del Estado de Derecho ni la función esencial del abogado y del juez.
