¿Deberá ser reformada en su totalidad la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor?
En Law Tic Grupo Jurídico analizamos el Proyecto de Ley 173 de 2024 y llegamos a las siguientes conclusiones:
Descripción del Proyecto de Ley
El proyecto, denominado “Compra Informado, Compra Protegido”, propone modificar la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, con el fin de ampliar, modernizar y complementar la protección al consumidor.
Para ello, se introducen cambios en diversas disposiciones que regulan desde la información que debe recibir el consumidor hasta los mecanismos de control y vigilancia sobre las prácticas comerciales, tanto en el ámbito físico como en el digital.
Estado del trámite
Radicado en 2024, el proyecto fue sometido a debate y aprobado en sesión plenaria del Senado de la República el 16 de diciembre de 2024.
Posteriormente, se publicó en la Gaceta del Congreso del lunes 27 de enero de 2025.
A pesar de este avance legislativo, para convertirse en ley de la República aún debe ser promulgado y cumplirse el proceso final de publicación oficial. Mientras esto sucede, seguirá teniendo la naturaleza de Proyecto de Ley.
De qué se trata el proyecto
El proyecto se centra en la modernización de la protección al consumidor y tiene como principales objetivos:
Garantizar que la información sobre productos y servicios se suministre de forma íntegra, clara y veraz.
Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, delegando competencias a autoridades locales, como alcaldes, y a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Regular de manera más precisa las operaciones de crédito, estableciendo obligaciones sobre la información de tasas, costos y cargas financieras.
Introducir nuevas disposiciones, como el índice de reparabilidad para productos electrónicos y electrodomésticos, que evaluará la facilidad de reparación de los mismos.
Impacto en las Fintech
Transparencia en operaciones: Las Fintech que ofrecen servicios de financiamiento o créditos digitales deberán adaptar sus sistemas para proporcionar información detallada sobre tasas, cuotas, comisiones y otros costos, conforme a las nuevas obligaciones.
Adecuación regulatoria: Será necesaria la revisión de los modelos de negocio para asegurar el cumplimiento de los nuevos parámetros de protección al consumidor, lo que podría implicar inversiones en sistemas de información y atención al cliente.
Supervisión y sanciones: Al estar sujetas a las disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, las Fintech deberán extremar el cuidado en sus prácticas de información y publicidad para evitar sanciones por incumplimientos.
Impacto en el comercio electrónico
Claridad en la información: Las plataformas de comercio electrónico estarán obligadas a informar de manera clara y completa sobre características, precios, condiciones de financiación y, cuando aplique, el índice de reparabilidad de los productos.
Publicidad y ventas: Se refuerzan las medidas contra la publicidad engañosa y las ventas atadas, promoviendo una mayor confianza del consumidor.
Mejora en los servicios: La actualización normativa busca consolidar un entorno digital más seguro y transparente, beneficiando tanto a consumidores como a operadores del comercio electrónico.
Impacto en el comercio con venta tradicional
Control y vigilancia: Se otorgan mayores facultades a las autoridades locales para supervisar y sancionar prácticas comerciales indebidas, impactando directamente a los comercios físicos.
Obligación informativa: Los comerciantes deberán garantizar que la información ofrecida en puntos de venta, como etiquetado, precios y condiciones de financiación, cumpla con los estándares de claridad y veracidad.
Prohibición de prácticas abusivas: Se refuerza la prohibición de prácticas como las ventas atadas, garantizando la libertad de elección del consumidor.
Qué le falta para ser ley de la República
A pesar de haber sido aprobado en el Congreso y publicado en la Gaceta del Congreso, el proyecto aún debe cumplir con las siguientes etapas:
Promulgación ejecutiva: Firma y promulgación por parte del Presidente de la República.
Publicación oficial: Publicación en el Diario Oficial, momento en el cual entrará en vigor.
Etapas administrativas finales: Cumplimiento de los trámites adicionales que establezca la normativa antes de su aplicación plena.
Este análisis resume los aspectos clave del Proyecto de Ley 173 de 2024, sus impactos esperados en distintos sectores y los pasos pendientes para su conversión en ley.
